Recientemente, nos hemos desayunado con una curiosa noticia que ubica a nuestra querida España en el puesto mundial nº 35 del ranking de países dentro del Índice Mundial de Innovación 2015.
Previamente a desmenuzar esta noticia, deberíamos desmenuzar el concepto: “entorno regulatorio”, que en principio no viene a ser sino el marco normativo que proporciona las bases sobre las cuales las Instituciones se construyen y, que determinan el alcance y la naturaleza de la correcta participación de éstas en la sociedad. En sí, es la completa combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas jurídicas y práctica real, encargadas de controlar el cumplimiento de esta combinación, sancionando los desvíos.
Si el marco regulatorio es el apropiado, los jueces actúan eficazmente y con celeridad, y si necesario fuere, las fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un país son eficientes, el mercado internacional creerá en aquél y, a los efectos que a nosotros nos ocupa, la innovación irá por autopistas seguras, cómodas y ágiles.
Si el marco regulatorio no es el apropiado, los jueces actúan con lentitud y sin excesiva contundencia y, la policía y similares se encuentran desmotivadas y sin una idea clara de cómo deben comportarse ante infracciones reales, el sistema de garantías será ignorado o rechazado (delincuencia) o totalmente desvirtuado (competencia desleal), y la innovación de los empresarios en ese país determinado encontrará cabida y causa en países del entorno, más serios y “profesionales”.
Sólo 8 países de la Unión Europea tienen un entorno regulatorio peor que el nuestro. Si tomamos en consideración que ya son comunitarios países como Lituania, Letonia, Estonia, Croacia, Hungría, Bulgaria o Rumanía, todos ex comunistas y, que Grecia y Portugal son gobernados por políticos antiliberales, resulta que nos ubicamos en el último lugar de entre los países europeos serios y eso a pesar de que el FMI nos cita como el país que más crecerá en 2016 en la Unión Europea, lo que nos lleva a concluir que si bien estamos haciendo las cosas correctamente en el plano económico, hay dos problemas eternos irresolutos que afectan de lleno a la innovación de nuestro país: la lentitud de los Tribunales y el alto coste del despido.
Y es que ¿quién quiere patentar si el derecho de exclusiva que otorga una patente queda desvirtuado por el trascurso del tiempo sin una defensa real o cuando es mejor en tiempos de crisis, reservar dinero para posibles despidos, en lugar de crecer invirtiendo en I+ D?
Nuestros directivos, los españoles son, entre los europeos, los que más creen en la mejora económica, pero para eso necesitamos el apoyo de los países comunitarios de nuestro entorno. ¿Seguirá apoyándonos Merkel si, como hemos leído esta mañana, existen posibilidades ciertas de que nuestra cartera de Hacienda la ocupe un integrante de un partido anarquista y partidario de una consulta independentista y, que la primera medida que adoptaría para España -después de salir de la OTAN claro-, sería la también salida de la zona Euro?
Si esa circunstancia tuviera finalmente lugar, quedarnos en el número 35 del mundo a efectos de entorno regulatorio no es que sería sorprendente, sino sencillamente un milagro, o cómo dirían los anglosajones un “Act of God”, por mucho que el pobre Dios no tenga ninguna culpa de los problemas en los que nos metemos los españolitos.
Rafael Jiménez Díaz
