España ha establecido un récord en la presentación de solicitudes de patentes europeas durante 2023, alcanzando un total de 2.111 peticiones ante la Oficina Europea de Patentes (EPO). Este logro supone un incremento del 6,9% respecto al año anterior, situando al país entre los estados europeos con mayor actividad en el campo de las invenciones, tal y como se refleja en el Índice de Patentes de la EPO.
Este progreso refleja un crecimiento del 43% en el número de patentes europeas desde 2014, por lo que se percibe un crecimiento continuo en la capacidad innovadora de España a nivel internacional. Las entidades académicas y los centros de investigación públicos han sido fundamentales en este avance, destacando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con 80 solicitudes. En el sector privado, compañías como Amadeus, Multiverse Computing y Telefónica han sido particularmente activas, contribuyendo significativamente al paisaje de la innovación nacional.
La tendencia hacia el sector de las biociencias es notable, abarcando la mayor parte de las solicitudes, especialmente en el área farmacéutica. A pesar de una disminución comparativa con el año anterior, sectores como la ingeniería civil y la química de materiales básicos han visto incrementos importantes, indicando una expansión en la variedad de investigación y desarrollo dentro de España.
Un aspecto destacable es la participación femenina en la innovación, con casi el 46% de las solicitudes incluyendo al menos una mujer entre los inventores, situando a España como líder en igualdad de género en el ámbito tecnológico a nivel europeo.
La EPO ha resaltado la creciente actividad de investigación y desarrollo en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), mostrando un claro incremento en su participación en el proceso de patentes. Cataluña, seguida por Madrid y el País Vasco, se mantiene como el centro de la innovación en el país, contribuyendo significativamente al reconocimiento de España dentro de las regiones más innovadoras de Europa.
Por tanto, hay que seguir trabajando desde todas las administraciones públicas y compañías privadas para ayudar a la innovación española. Es fundamental que haya inversión estatal y regional para promocionar la protección de todos los activos de propiedad industrial e intelectual, sea el ámbito territorial que sea.
